La nueva marca de La suerte sonríe a los audaces

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lunes, 12 de noviembre de 2012

Desahucios y ley hipotecaria














El suicidio el pasado viernes de una vecina de Barakaldo a la que iban a desahuciar de su vivienda es la última gota que se añade al vaso hace tiempo desbordado de los desahucios en España. Antes de ese día, y catalizado por los dos intentos de suicidio (uno consumado) durante las semanas anteriores, el gobierno y el principal partido de la oposición empezaron unas conversaciones urgentes para cambiar la ley hipotecaria vigente en España desde hace más de un siglo a fin de evitar la enorme cantidad de desahucios que se producen a diario, entre los 150 y los 500 (dependiendo cómo se haga el cálculo).

Se dice que los desahucios han provocado ya dos muertos, pero eso no es cierto. Tenemos dos suicidios consumados en mismo día que se iba a llevar a cabo el desahucio y por eso los podemos relacionar claramente pero ¿Cuánta gente se ha suicidado a causa de un desahucio y no lo sabemos? ¿Cuánta gente se ha suicidado meses después de ser desahuciada o meses antes sabiendo cual iba a ser su suerte? Esas cifras no las tenemos pero alguien debería hacer un estudio sobre esto.
El otro día me venía a la cabeza la película “La vida de los otros” ambientada en la extinta RDA, dónde unos activistas denunciaban que la RDA había dejado de publicar estadísticas de suicidios porque tenían la cifra de suicidios más elevada del mundo. Pensando en la película me preguntaba ¿Cuántos suicidios hay en España al año? ¿Cómo habrán aumentado estos con la crisis? ¿Cuántos serán directamente achacables a la situación económica y cuantos se podrían haber evitado? ¿Por qué no se habla de esto?
Solemos pensar que la política económica no provoca muertos pero esto no es cierto. Las políticas económicas matan a la gente, en países como el nuestro no de hambre pero sí de desesperanza y frustración. Parece que tiene que morir la gente delante de la unidad de policía que fuerza el desahucio para que veamos esta realidad.

Hace tiempo que vengo diciendo, ante la críticas que frecuentemente leo sobre el movimiento 15-M, que de este movimiento han salido cosas positivas y que quizá la más positiva de todas sea la fuerza que ha dado a los movimientos y plataformas contra los desahucios. La plataforma de afectados por la hipoteca está haciendo una excelente labor que demuestra que los movimientos ciudadanos no son inútiles en absoluto. Mucha gente mantiene su casa gracias a ellos.
Pero me gustaría que analizásemos la situación en su conjunto. Ha habido resistencia civil contra la autoridad en innumerables desahucios, ha habido ocupación ilegal de la vía pública delante de las sedes de los bancos, han habido muchos actos de ocupaciones temporales de oficinas bancarias a modo de protesta, etc. Ha habido, en definitiva, infinidad de actos de protesta y “lucha” que han entrado en el campo de la desobediencia civil y que están fuera de los exquisitos mecanismos de protesta de las manifestaciones y huelgas legalmente convocadas y realizadas.
¿Qué quiero decir con esto? Continúo con mi tesis de los últimos meses: Sólo los mecanismos novedosos de lucha y los que generan descontrol a las autoridades son verdaderamente efectivos. No hace falta llegar a la violencia o al “caos revolucionario”, tan sólo la mera posibilidad del mismo hace reaccionar a las autoridades. Porque si no reaccionan al final el caos y la violencia llegará, a modo de estallido social.

Hay una cosa que socialmente me preocupa mucho sobre este asunto, y esto es las muchas opiniones de personas que no quieren que a la gente con problemas de pago de hipoteca se le perdone “ni un duro”. Normalmente son gente con hipotecas en vigor que argumentan que si ellos tienen que pagar religiosamente sus hipotecas firmadas en 2006 o 2007 por qué se les debe flexibilizar a otros las mismas, o bien gente que vive de alquiler porque no quisieron aceptar las abusivas condiciones del mercado hipotecario y de vivienda y que ahora sienten que los “irresponsables” que aceptaron hipotecas deben asumir su responsabilidad.
Puedo entender que las personas que han sido envueltas en la vorágine del fraude inmobiliario español se vean como los paganos de un timo, pero estas opiniones son el reflejo de lo peor del ser humano y no son razonables en absoluto. Nunca se puede encontrar una solución perfecta y ecuánime para todo el mundo y siempre va a haber algún perjudicado. La cuestión es ¿quién debe ser el perjudicado? ¿El hipotecado en exclusividad o también las entidades financieras y quienes han tenido responsabilidades en todo este fraude? Porque el hipotecado solvente no gana nada porque haya 500 desahucios al día, su situación no se discute, se está discutiendo el reparto de responsabilidades entre banco que ha dado hipoteca a un insolvente y el insolvente en el caso de hipotecas fallidas, y la regulación que debe tener un bien social como la vivienda de forma general. Los bancos van a intentar usar y manipular a los hipotecados solventes para no asumir sus responsabilidades ante las concesiones de hipotecas basura, y bien idiotas serán los hipotecados o los arrendados si entran a militar del lado de los bancos.
No creo que haga falta que vuelva a insistir en el concepto de responsabilidad compartida. Una persona que asumió un crédito que no podía pagar (o que tenía muchas posibilidades de no poder pagar a futuro) debe asumir su parte de responsabilidad, pero el banco que la concedió también y con más motivo, pues si bien el hipotecado es el único pagano de su error económico el banco ha cometido este error decenas de miles de veces, extendiendo su irresponsabilidad a la sociedad entera. O entendemos que los bancos deben asumir su responsabilidad en estos casos por encima incluso de la realidad jurídica (abusiva) vigente en ese momento o realmente lo que estamos haciendo es validar un fraude que se ha extendido y se extenderá durante muchos años en forma de crisis económica.

El PSOE, que parece ir camino de la “pasokización”, quiere recuperar la iniciativa política pactando con el gobierno una reforma de la ley hipotecaria. Rubalcaba parece estar especialmente empeñado en este punto y el gobierno, temeroso al ver muertos, parece que le ha cogido el guante y que está por la labor de reformar algo. Claro, Rubalcaba y el PSOE tienen el mismo problema de siempre, que es que no hicieron nada cuando gobernaban y cualquier cosa que intenten ahora suena a propaganda barata.
La voluntad de PP y PSOE parece existir, el problema vendrá cuando en las negociaciones se encuentren con dos piedras difíciles de esquivar: La presión de las entidades bancarias y los problemas con la retroactividad de la ley.
Las entidades bancarias ya están presionando para que cualquier cambio que se haga sea cosmético, como aquello de las “buenas prácticas” que no ha servido para casi nada. Su máxima fuerza es que cualquier legislación que beneficie a los deudores perjudica a las cuentas de los bancos, por lo que acabará perjudicando a las cuentas del estado en tanto en cuanto pedirán más dinero. Y bastante increíble es ya esa conclusión de que la banca española sólo necesita 60.000 millones de euros (necesita mucho más) como para poner en más aprietos a los bancos.
Los problemas con la retroactividad de la ley son todavía más difíciles. Todos los desahucios que se producirán en España en los próximos dos años serán por procedimientos que ya se han iniciado ¿Una nueva ley los pararía? En teoría no, a no ser que se indique lo contrario y se apliquen regulaciones retroactivamente, algo que casi siempre es un tabú para los legisladores. En esto pasa como en la dación en pago, que si bien se podría aplicar perfectamente a partir de cualquier hipoteca que se conceda desde mañana mismo no se podría aplicar para las hipotecas que ya están concedidas, que es para lo que sería necesario.
Estos dos problemas pueden llevar a que lo que se pacte sea una solución muy parcial e incompleta que no pare el drama social de los desahucios. Si el PP y el PSOE son cobardes y serviles ante los bancos (como llevan siéndolo décadas) posiblemente acabemos muy decepcionados.

¿Qué creo que se debería hacer? Para empezar se debería decretar en el próximo consejo de ministros una paralización de cualquier desahucio de primera vivienda hasta que la nueva ley entre en vigor. Así se evitarían desahucios basados en una ley anticuada y se conseguiría un periodo de tiempo lo suficientemente largo para analizar la situación y hacer una buena ley y no una chapuza. La publicación por decreto de las leyes sirve para estos casos de urgencia y no para lo que lo usan los gobiernos, que es básicamente para satisfacer veleidades autoritarias y presidencialistas. Algún banco ya ha dicho que va a paralizar cualquier desahucio hasta conocerse la nueva legislación, así que sería sencillamente obligar a esto por ley.
Por otro lado lo importante es que cualquier solución que se tome pueda salvar de los desahucios a quienes tengan éstos ya programados. Si eso implica retroactividad pues que se legisle retroactivamente, la situación es lo suficientemente grave para que se haga así. Si una ley hecha ahora solo nos sirve para parar los desahucios que se vayan a hacer a partir de 2015 entonces servirá para bien poco.
La ley debería fijar muy bien a los destinatarios objetivos de esta nueva ley, que básicamente deberían ser propietarios de una vivienda habitual y que no tengan otra y “deudores de buena fe”. Ante el impago se debería regular un procedimiento para valorar objetivamente si el deudor es de buena fe.
Una vez sepamos eso se debería analizar la situación económica de la familia o persona. Si su situación económica no es del todo mala se debería obligar a una renegociación de la hipoteca o a la dación en pago si fracasa la primera. Si, en cambio, la familia está en riesgo de exclusión social, entonces se debería prohibir el desahucio y entrar en un arbitraje que contemple tanto renegociaciones como alquileres sociales y quitas de la deuda a cargo del banco.
Y una última cosa. Las viviendas que terceras personas han puesto como aval para la concesión de hipotecas (padres que han avalado a sus hijos con sus viviendas, por ejemplo) deben ser declaradas inembargables siempre que se trate de una vivienda habitual.

Soluciones para evitar los desahucios hay muchas y tampoco hay que hacer virguerías originales, pues la inmensa mayoría de ellas están contempladas en las legislaciones de países de nuestro entorno, como Francia.
Y de paso sería una excelente ocasión para que los partidos del régimen demostrasen que todavía les preocupa el bienestar de esta nación y de sus ciudadanos, y de paso paralizasen esa caída brutal de apoyo ciudadano que se observa en cualquier análisis, demoscópico o no. Yo voy a hacer mi último acto de fe y voy a confiar en que salga algo positivo de todo esto, aunque no deberíamos olvidar que la presión de la calle será la que espoleé a los políticos a tomar las decisiones que necesita el país, así que deberían comenzar a realizarse manifestaciones de luto por lo muertos delante de las sedes del poder político y potenciar los actos de la PAH y del 15-M en los desahucios de los próximos días.

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